En el combate electoral parece un tema tabú el mencionar al colectivo de empleados públicos, quizás porque no lo consideren rentable y pueda ser hasta contraproducente de cara al electorado en general, dada la mala prensa fomentada contra los funcionarios. Por lo anteriormente expuesto creemos que DN una vez más debe adoptar una postura rompedora y valiente, y fijar su postura ante un colectivo que engloba a un número considerable de compatriotas en labores diversas al servicio de los ciudadanos, y que tienen derechos como los demás trabajadores en cuanto a tener unas condiciones dignas de trabajo y recibir un salario justo. Nosotros como funcionarios de un Ministerio en labores administrativas, podemos aportar nuestro conocimiento sobre aspiraciones de ese colectivo en particular, y muchas de ellas también extensivas a otros, y que son las siguientes:
- Fijación de la cláusula de revisión salarial.
o Cláusula que fue derogada por el Gobierno de Felipe González que a su vez nos congeló el salario 2 veces.
- Igualdad en las cantidades percibidas en concepto de antigüedad.
o Postura a la que es contraria este Gobierno dicho por el Subsecretario del Mº de la Presidencia.
- Recuperación paulatina del poder adquisitivo perdido, y que desde 1991 a 2007 suponen el 22,7 %.
- Establecer un criterio claro sobre las “congelaciones salariales sufridas por el colectivo funcionarial” estudiando, en su caso, la recuperación de éstas últimas (3 hasta la fecha presente )
- Ningún salario base por debajo del salario mínimo interprofesional, como sucede ahora.
- Dignificación de la condición de funcionario ante la opinión pública, ya que nos sentimos maltratados y desprestigiados constantemente, no sólo por los medios de comunicación, sino incluso por la clase política que nos utiliza en algunos momentos como carnaza difundiendo ideas tan peregrinas y fuera de la realidad, como por ejemplo que estamos magníficamente remunerados, que no cumplimos nuestros horarios, etc...
- La disminución drástica de cargos políticos, de confianza, asesores ya que sus labores en muchos casos pueden ser realizadas por personal funcionario, con el consiguiente ahorro.
- La no discriminación política dentro de la Administración, que en muchos casos incide en el desarrollo del trabajo de los funcionarios y de sus expectativas laborales.
- Homogeneidad en las condiciones laborales y retributivas entre las diferentes Administraciones. No es de recibo que la Administración Central esté discriminada a la baja con respecto a las Autonómicas y Locales.
- Estudio del haber regulador que establece la base para la jubilación de los funcionarios acogidos a la MUFACE., modificando las retenciones actuales para mejorar la pensión a recibir en las jubilaciones futuras
- Estudio sobre las necesidades reales de la contratación de empresas privadas que desarrollan puestos de trabajo anteriormente realizados por funcionarios y cuyos puestos han quedado vacíos de contenido debido a los intereses de contratar privadamente los servicios prestados anteriormente por dichos funcionarios con el consiguiente coste económico, muy elevado, para la Administración.
A continuación publicamos un documento realizado por el sindicato USO sobre el abusivo incremento de precios en la cesta de compra: