"Queremos que se cree el epígrafe correspondiente en la Seguridad Social en régimen de autónomo o por cuenta ajena", afirma el abogado Roberto Salazar, portavoz de la Asociación Nacional de Locales de Alterne. Este organismo defiende que, a falta de una regulación estatal, sean los ayuntamientos y autonomías los que publiquen normas para ordenar el sector y acabar con las mafias.

Se da la extraña paradoja que el secretario general técnico de ANELA es José Luis Roberto Navarro, presidente del partido político España 2000 que realiza constantes campañas y manifestaciones contra la inmigración.

’Hace falta una regularización que salga de las Cortes Generales’, dijo Roberto Navarro y añadió que medidas como las adoptadas en Madrid o Valencia contra la prostitución callejera no son más que ‘una forma de acallar la presión’, pero no de atajar el problema.

Desde ANELA se mantiene que las condiciones previas es que no haya menores de por medio y que las mujeres u hombres que se dediquen a ello lo hagan ‘desde su libertad y por propia voluntad’.

En diversas ocasiones Anela ha solicitado la legalización de contingentes de inmigrantes en situación ilegal para trabajar en sus clubs de alterne con todas las garantía ya que según su secretario general ”las españolas no quieren ocupar esos puestos de trabajo ofertados”.

En este sentido, precisó que aproximadamente 400.000 personas se dedican a la prostitución en España, donde, además, hay alrededor de 2.400 locales de alterne en los que trabajan 20.000 personas de forma directa y unas 60.000 de manera indirecta.

“No tiene cabida pensar que con estas cifras se pueda decir que esto se cierra y que se ha terminado, porque entonces estas personas tendrían que dedicarse a otra cosa”, argumentó.

España tolera la prostitución, pero no la ha regularizado. Dicho de otro modo, la prostitución es alegal. Ahora se debate su legalización, al tiempo que se quiere prohibir en la calle y en las carreteras. En los movimientos feministas, partidos y sindicatos hay división de opiniones entre dos modelos: regularización o abolición.

En Holanda, la ley del 2000 permitió regularizar la industria del sexo y despenalizarla.  La cara visible son esas mujeres tras los escaparates, pero el reverso es la legalización del proxenetismo. El Gobierno ha fijado incluso para la inmigración un cupo de trabajadoras sexuales y el 70% ya son extranjeras. Las dudas surgen al ver la descomunal expansión del negocio sexual en esas condiciones, con nuevos burdeles en las periferias y la persistencia y fortalecimiento de las mafias. El fracaso de esta política es total ya que la mayoría de las mujeres optan por seguir en la clandestinidad y no cotizar. Beneficios morales, nulos, beneficios económicos para el país como preconizan los fríos partidarios de la legalización, menos. Una política similar siguen Alemania y Suiza.

El otro modelo es el sueco, que prohíbe y penaliza desde 1999 la compra de servicios sexuales. En cinco años se ha sancionado a 914 varones, e incluso a quien compra servicios sexuales para una fiesta. Este modelo, apoyado por la Iglesia, ha contado con amplios fondos públicos para servicios sociales destinados a ayudar a las prostitutas que querían salir del negocio. Se considera que al menos un 60% de las trabajadoras sexuales aprovechó estos programas. Una política parecida han seguido Finlandia y Lituania.

La ley francesa sobre seguridad interior del 2003 se ha acercado a la vía sueca. Según la policía, en un año el número de prostitutas se ha reducido de 18.000 a casi la mitad y se detuvo a 709 proxenetas.

Desde Democracia Nacional abogamos por la prohibición de la prostitución. La legalización sólo traerá su generalización viendo como se degrada aún más nuestra sociedad y valores. Exigimos que se cumpla la ley y esas cerca de 400.000 personas que, la mayoría en situación de ilegalidad, se encuentran en nuestro país ejerciendo la prostitución sean expulsadas de inmediato y devueltas a sus países de origen.

Si bien es cierto que nunca se acabará del todo con la prostitución si que se puede acotar este problema que se ha desbocado provocando una verdadera descomposición de las relaciones Hombre-Mujer en nuestra sociedad. Estamos convencidos de que tampoco se acabará nunca con el asesinato pero esto no constituye un argumento válido para su legalización.

La promoción de la familia y los valores tradicionales europeos, es decir los conformados por ese inmenso bagaje cultural heredado de nuestros padres, griego, latino, germano, hispano, pagano y católico son la única solución futura para que Europa no desaparezca victima de si misma.